SE INSTALA EL GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES RURALES Y SU DERECHO A LA TIERRA

• Se instala el Grupo de Trabajo Interinstitucional para el Fortalecimiento de las Mujeres Rurales y su Derecho a la Tierra.

• Claudia Dinorah Velázquez González, Presidenta del Tribunal Superior Agrario, destacó que las condiciones de desigualdad en las que viven las mujeres rurales representan una deuda histórica y erradicarla es un imperativo de justicia social.

Ciudad de México, 10 de diciembre 2024

En el marco de los 16 días de activismo en torno al Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se llevó a cabo la instalación del Grupo de Trabajo Interinstitucional para el Fortalecimiento de las Mujeres Rurales y su Derecho a la Tierra. Este evento tuvo lugar hoy 10 de diciembre, en la sede del Tribunal Superior Agrario, y contó con la participación del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Las instituciones reiteraron su disposición para cumplir con las acciones que legalmente les corresponden y garantizar el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva. Este esfuerzo interinstitucional reafirma el compromiso de empoderar a las mujeres rurales y proteger sus derechos, reconociendo que su papel es fundamental para la construcción de un México más justo y equitativo.

En su intervención, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior Agrario, Claudia Dinorah Velázquez González, destacó: “Las condiciones de desigualdad en las que viven las mujeres rurales representan una deuda histórica. La lucha por erradicar esta situación no puede verse como una labor opcional, sino como un imperativo de justicia social. Es responsabilidad de todas las instituciones del Estado, a partir del nuevo marco normativo, garantizar el derecho a la igualdad sustantiva, tomando en cuenta las particularidades de las mujeres, así como la implementación de deberes reforzados para evitar su discriminación y violencia”.

Durante el evento, se reflexionó sobre temas como la falta de representación de las mujeres rurales en los órganos de decisión agraria, ya que solo el 23% de los integrantes de comisariados y consejos de vigilancia son mujeres, y apenas el 9% ocupa presidencias de comisariados ejidales y comunales. Este contexto de desigualdad estructural perpetúa el ciclo de pobreza y limita el acceso a derechos fundamentales, como la propiedad de la tierra, los créditos y los servicios públicos de salud y educación.

En el ámbito de la justicia agraria, la Magistrada Presidenta subrayó el compromiso del Tribunal Superior Agrario con la transformación institucional a través de métodos de trabajo con perspectiva de género. En este sentido, destacó la implementación de la justicia itinerante como un mecanismo clave para acercar la justicia a las mujeres rurales, reduciendo la burocracia y rompiendo con estereotipos de género.

Los Tribunales Agrarios tienen claro que brindar un servicio público como el acceso a la justicia agraria amerita un compromiso que no puede limitarse solo al estricto cumplimiento de la ley, sino que debe reforzarse con todas las herramientas viables y necesarias para hacer que la justicia agraria sea abierta, accesible, pronta, itinerante y que haga efectiva la igualdad sustantiva y la no discriminación.

La justicia agraria reconoce las cualidades de las personas justiciables a las que atiende. Sobre todo, identifica las necesidades de las mujeres del campo; por ello, compromete un trabajo coordinado, para y por ellas, de forma permanente.