Ciudad de México, 4 de junio de 2024
En el marco de un procedimiento iniciado por el Órgano Interno de Control del Tribunal Superior Agrario (TSA), se ha determinado la inhabilitación por un periodo de 10 años de un servidor público para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Además, se le ha impuesto una sanción económica significativa. Esta resolución fue emitida por la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, institución independiente encargada de dirimir controversias entre la administración pública y los particulares, así como de sancionar a los servidores públicos que incurren en faltas administrativas graves.
La medida fue adoptada debido al incumplimiento del artículo 22, fracción VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. El servidor público, en su carácter de secretario de acuerdos de un Tribunal Unitario, abusó de sus funciones y atribuciones conferidas, lo que resultó en una omisión arbitraria que afectó gravemente a los justiciables, ocasionando un perjuicio notable al servicio público.
El Órgano Interno de Control del TSA destacó la importancia de esta acción como un mensaje claro de cero tolerancia a la corrupción y a las conductas que contravienen los principios de legalidad y ética en el servicio público. Se reafirma el compromiso de la institución con la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en todas sus operaciones.
La sentencia tiene como objetivo salvaguardar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y asegurar que aquellos que cometen irregularidades sean debidamente sancionados. Tanto el Tribunal Superior Agrario como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa continuarán trabajando para garantizar que todos los servidores públicos actúen con rectitud y en apego a la ley.
El Pleno del Tribunal Superior Agrario destaca esta decisión, ya que refuerza su política de combate a la corrupción, la lucha contra la impunidad y a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. “Estamos completamente de acuerdo con la sentencia y con las sanciones impuestas, ya que demuestra que en nuestra institución en todo momento se velará por el correcto ejercicio del servicio público y por el bien de las sociedad y de las personas y grupos que acuden a nosotros a solicitar justicia expedita y plena”.
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