Mensaje de la Dra. Odilisa Gutiérrez Mendoza, Magistrada Presidenta del TSA con motivo de la conmemoración del día internacional de la mujer.

“La paz no sólo consiste en poner fin a la violencia o a la guerra, sino a todos los demás factores que amenazan la paz, como la discriminación, la desigualdad, la pobreza.”

Aung San Suu Kyi, política y activista birmana

Desde que en el siglo V a.C. las mujeres de la antigua Grecia, organizadas por Lisístrata, iniciaron una huelga contra los hombres para poner fin a la guerra, muchas mujeres y sus movimientos en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo, han pasado y dado aliento a las mujeres de cada generación que les sucedió, para no cejar hasta lograr el reconocimiento pleno de los derechos de todas y todos. Y no escapa a la comprensión, que siguen siendo grandes los retos para llegar a la meta.

En la época moderna, las mujeres fuimos conquistando de uno en uno nuestro derecho al trabajo digno, nuestro derecho al voto y nuestro derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener; y aunque los logros en estos temas han sido muchos, aún ahora según cifras del INEGI, para 2017 las mujeres en México seguían ganando 30% menos que los hombres, y sigue siendo necesaria la aplicación de medidas de discriminación positiva para garantizar el acceso de las mujeres a puestos de decisión política.

Uno de los rubros más importantes en el proceso de desarrollo de un país, es la capacidad de sus instituciones para proteger y garantizar a todas las personas el pleno ejercicio de todos sus derechos, y para lograr esto, es necesario que sea posible, en la práctica, el acceso a la justicia de forma igualitaria.

Actualmente en nuestro país, ese derecho no está cien por ciento garantizado para todos los integrantes de la sociedad, ya que la pobreza se ha convertido en un factor que juega en contra de los esfuerzos que todas y todos hemos hecho por mejorar nuestra legislación y aplicarla cabalmente.

Muchas personas en nuestro país, no cuentan con los recursos necesarios para acudir ante los tribunales a fin de defender sus derechos, y si esto lo trasladamos a las mujeres, la situación se agrava, pues según datos del CONEVAL en 2016 el porcentaje de mujeres en situación de pobreza fue del 46.3%, con lo que garantizar el acceso a la justicia de los más pobres y en particular de los sectores en situación de vulnerabilidad como es el caso de las mujeres, se ha vuelto un reto ineludible; más aún si tomamos en cuenta que la situación es todavía peor cuando se trata de mujeres indígenas y migrantes.

Desde las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos, mucho se ha avanzado también con respecto al tema de género en el ámbito de la impartición de justicia. Incluir la perspectiva de derechos humanos y de género en el desarrollo de nuestra labor, ha ido siendo un camino que paulatina, constante y firmemente; hemos ido recorriendo para beneficio de todos.

Los retos siguen siendo grandes, sobre todo, cuando factores como las condiciones económicas de la población se convierten en obstáculos, no siempre salvables; sin embargo, los logros hasta ahora no son menores, y con el compromiso de seguir adelante, aportaremos a la generación de mujeres y hombres que nos suceda, la mayor cantidad de escalones posibles para llegar a la meta, con la certeza de que nuestro papel desde los Órganos de Impartición de Justicia, es fundamental para el desarrollo de este proceso.

Estamos en marcha, hombro con hombro, mujeres y hombres; porque ninguna sociedad puede alcanzar su desarrollo pleno, si se olvida en el camino de una mitad.

Gracias.