PUEBLOS INDÍGENAS. CUANDO EN CUALQUIER ETAPA PROCESAL SE INVOCA LA APLICACIÓN DE ALGUNA DISPOSICIÓN RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS, ES OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO ACTUAR DE OFICIO PARA DETERMINAR SI SE ESTÁ EN EL CASO DE APLICAR EL REGIMEN CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL EN MATERIA DE DICHOS PUEBLOS.

Publicado el

Tesis: I.18o.A.9 CS (10a.)

Semanario Judicial de la Federación

Décima Época

2019513        

Tribunales Colegiados de Circuito

Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h

 

Tesis Aislada (Constitucional)

 

PUEBLOS INDÍGENAS. CUANDO EN CUALQUIER ETAPA PROCESAL SE INVOCA LA APLICACIÓN DE ALGUNA DISPOSICIÓN RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS, ES OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO ACTUAR DE OFICIO PARA DETERMINAR SI SE ESTÁ EN EL CASO DE APLICAR EL REGIMEN CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL EN MATERIA DE DICHOS PUEBLOS.

 

Siguiendo la doctrina jurisprudencial sentada por la Primera Sala, en la jurisprudencia 1a./J. 59/2013 (10a.), de título y subtítulo: “PERSONAS INDÍGENAS. SU PROTECCIÓN ESPECIAL A CARGO DEL ESTADO SURGE A PARTIR DE LA AUTOADSCRIPCIÓN DEL SUJETO A UNA COMUNIDAD INDÍGENA O DE LA EVALUACIÓN OFICIOSA DE LA AUTORIDAD MINISTERIAL O JUDICIAL ANTE LA SOSPECHA FUNDADA DE QUE EL INCULPADO PERTENECE A AQUÉLLA.” y en la tesis 1a. CCCXXIX/2014 (10a.), de título y subtítulo: “PERSONAS INDÍGENAS. LAS PRERROGATIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDEN EXIGIRSE EN CUALQUIER TIPO DE JUICIO O MOMENTO PROCESAL.”, en cuanto los órganos de amparo –en cualquier materia– tengan conocimiento de que el promovente puede pertenecer a un pueblo o comunidad indígena e independientemente de que lo aduzca o no, deben actuar de manera oficiosa a fin de determinar su condición y la aplicabilidad de dichas normas, acudiendo a las constancias de autos, al contexto normativo estatal, información oficial e, incluso, a hechos notorios; situación que puede derivar de la mera cita de las normas que forman parte del régimen jurídico que rige a dichos pueblos, o de alguna similar que arroje la posibilidad de que quien promueve pertenezca a un pueblo indígena, sin importar el estado procesal del asunto. Dicho análisis deberá realizarse también conforme a los elementos que se plasman en la jurisprudencia 1a./J. 59/2013 (10a.), de la Primera Sala, a saber: 1) constancias de la autoridad comunitaria; 2) prueba pericial antropológica; 3) testimonios; 4) criterios etnolingüísticos; y, 5) cualquier otro medio que permita acreditar la pertenencia, el arraigo, la identidad y/o asentamiento físico a la comunidad indígena.

 

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Amparo en revisión 232/2017. Grupo de Trabajo del Ejido de San Diego Suchitepec, Municipio de Villa Victoria, Estado de México. 31 de mayo de 2018. Mayoría de votos. Disidente: Juan Carlos Cruz Razo. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: Marat Paredes Montiel.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 59/2013 (10a.) y aislada 1a. CCCXXIX/2014 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 6 de diciembre de 2013 a las 6:00 horas y 3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 287 y 11, Tomo I, octubre de 2014, página 610, respectivamente.